MP avanza en acciones legales para investigar y sancionar a responsables de contrabando

El Ministerio Público (MP) avanza en las acciones legales para investigar los casos de contrabando de extracción, tanto de productos de primera necesidad como de material estratégico y combustible, con el objetivo de dar con los responsables y así solicitar sanciones en contra de los mismos, ratificó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

«Desde el Ministerio Público se están ejecutando todas las acciones legales con el fin de investigar estos hechos y pedir las sanciones para los responsables y así contribuir a la consecución de los principios constitucionales en beneficio de la colectividad», escribió la fiscal en un artículo de opinión, titulado Cero Tolerancia al Contrabando, publicado este martes en el diario Últimas Noticias.

Ortega Díaz recordó que el contrabando de extracción, así como el desvío de los bienes declarados de primera necesidad de su destino original son delitos contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos.

También -recalcó la fiscal- la especulación, el acaparamiento, la usura y la cartelización son señalados por la Constitución Bolivariana como ilícitos económicos, por lo cual son y deben ser severamente castigados por la ley.

Indicó que, pese a que además el Estado tiene entre sus compromisos promover la iniciativa, garantizando la creación y la justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, forma parte de sus compromisos proteger los derechos de la población, entre ellos el derecho a la alimentación o a acceder a los servicios.

Las prácticas de acaparamiento, usura, especulación y boicot han caracterizado las irregularidades detectadas durante las jornadas de fiscalización e inspección de la Ofensiva Económica que el Gobierno nacional comenzó el 22 de abril pasado.

«(…) cuando la actividad comercial de unas pocas personas es contraria al orden económico y causa perjuicios al resto, es necesaria la intervención del Estado para proteger los derechos de todos, como por ejemplo el derecho a la alimentación o de acceder a los servicios», recalcó la fiscal en el referido artículo.

Agregó que, de acuerdo con cifras oficiales, más de 30% de los productos son llevados de forma ilegal fuera de nuestras fronteras para ser vendidos con sobreprecio, lo cual genera desabastecimiento y cuantiosas pérdidas. En lo que va de año, 26.086 toneladas de alimentos han sido desviadas del país.

«Pero no solo ocurre con los alimentos de la cesta básica, como azúcar y harina de maíz, sino también con el combustible. Los que se dedican a este ilegal tráfico de los carburantes obtienen ganancias que ascienden a $3.000 millones», denunció, al tiempo en que ratificó el compromiso del Ministerio Público de investigar y pedir sanción a quienes sean responsables de estos delitos.

AVN

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